Recorte presupuestal + LUC = desmantelar políticas públicas hacia la producción familiar

11/07/2020

Preocupación entre trabajadores de Colonización
 

♦ Jorge Azziz: “El Instituto Nacional de Colonización anunció que va a dejar de invertir recursos públicos en la compra de tierra, lo cual significa que va a desaparecer una política pública potente de acceso a la tierra, y donde los pocos productores que logren subsistir tendrán que dar la pelea mano a mano con el agronegocio… y ya sabemos cómo termina esto”.

 

 

Muchas veces desde la ciudad no se comprende lo que significan estos tipos de apoyo para pobladores que viven lejos de todo, pero son muy importantes y hacen a la calidad de vida y al contacto con otra gente. Muchas veces ayuda no solamente en lo productivo, sino también en lo social y en lo cultural a sobrellevar la dura realidad de la producción familiar. Recientemente la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (Afinco) dirigió un comunicado de apoyo a los equipos de trabajo del territorio.

 

Conversamos al respecto con el dirigente Jorge Azziz, que se desempeña en el departamento de Río Negro.
 

Estamos bastante preocupados por un montón de cosas que se vienen dando y que llegan como una línea de coherencia de los pasos que da el gobierno, y que todos ellos además conducen a una pérdida de lo que era la presencia de las políticas públicas que se habían generado en los últimos años a nivel del territorio para el sector rural, y especialmente para los sectores con los cuales trabajamos nosotros que son los vinculados a los trabajadores rurales y a la producción familiar.

 

Y en paralelo a lo que se estuvo discutiendo en la Ley de Urgente Consideración y que al INC específicamente lo toca bastante de cerca con un par de artículos, ha pasado medio desapercibido en la presencia pública la aplicación de ese decreto famoso N°90 de 2020, que salió justo un par de días antes de la pandemia -el decreto tiene fecha de 11 de marzo-, donde el Poder Ejecutivo mandata a una reducción presupuestal del 70% a todos los incisos presupuestales -a todos los ministerios-, y parte de ese recorte tiene que ver con la no renovación de los contratos vencidos en 2019 y solamente 1/3 de los que se vayan a vencer ahora durante el 2020.

 

En especial en el Ministerio de Ganadería -que es el de cercanía nuestra y con el que más articulamos, aunque somos ente autónomo trabajamos con la misma población y sobre el mismo sector-, ahí hay una Dirección de Desarrollo Rural que para nosotros es fundamental, básicamente montada sobre gente que tiene una relación de trabajo vía contrato. Eso quiere decir que no son funcionarios públicos, que le facturan al Estado por los servicios personales y profesionales que brindan, y que en su gran mayoría son contratados por fuentes de financiamiento externas; quiere decir que son los que van a caer en este marco de no renovación.

 

Y otros que también nos afecta a nosotros y creemos que forman parte de esta línea de coherencia que tiene el gobierno entre la LUC y los ahorros, es por ejemplo la Dirección General de Recursos Naturales, que tienen que ver básicamente con el control de uso de agua y suelo, y que tiene un conjunto importante de trabajadores contratados de esta misma forma.

 

 

¿Además de los recortes presupuestales y de recursos humanos, los contenidos de esta ley también afecta la mirada que se tenía del proyecto de colonización?
 

Como sindicato nuestra mirada es de preocupación por el conjunto de trabajadores que pierden sus ingresos o que directamente pierden sus fuentes de trabajo, y que otra vez volvemos ya a transitar un camino donde los trabajadores van a seguir pagando el pato de las reducciones presupuestales o las crisis provocadas en este caso por una pandemia.

 

Ahora como servidores públicos, en un Instituto que durante el último tiempo hizo un esfuerzo importante por trabajar en forma cercana a una población que venía teniendo problemas de acceso a la tierra y de posibilidad de subsistencia como productores familiares, nos preocupa que se cambie el lineamiento. Claramente va a cambiar el lineamiento de hacia quién se va a trabajar y para quién se va a generar políticas.

 

Con todas las dificultades que pudo haber tenido la Dirección de Desarrollo Rural y el trabajo interinstitucional que intentamos toda la institucionalidad pública hacer en el territorio, fue una línea de trabajo que había surgido del reclamo de las mismas organizaciones de productores a partir de la crisis en 2000. Las políticas públicas diferenciadas hacia la agricultura familiar fue un reclamo de la sociedad civil a través de sus organizaciones, ¿y qué cosas le reclamaban? Le reclamaban que el Estado fuera solamente uno y generar una coherencia en el trabajo en el territorio; cosa que durante este último tiempo se intentó hacer y con el cual entre otras cosas generamos confianza personal y no solamente institucionales en el trabajo de base digamos en el trabajo territorial. Y por otro lado lo que se le reclamaba al Estado era que cada uno de los proyectos que se aplicaban con financiamiento externo, también tuvieran una línea de coherencia y funcionaran en forma centralizada; y para eso la respuesta del Poder Ejecutivo fue la generación de la Dirección de Desarrollo Rural que en realidad juntó lo que en aquel momento eran los proyectos que funcionaban en forma paralela e individual que eran el Uruguay Rural, el Programa Ganadero y el Programa de Producción Responsable. Todo eso significó para darle una lógica y potenciar el aterrizaje en el territorio de forma única en la Dirección General de Desarrollo Rural, lo cual para nosotros como trabajadores no dejó de ser una forma de trabajo que posibilitó un conjunto de avances que se dieron para el sector.

 

Es un sector que hoy tiene un registro de productores familiares, hoy el país puede identificar en cada departamento, en cada lugar dónde está, quién es, y a qué se dedica cada productor familiar, y a partir de ahí generar políticas específicas de apoyo. Eso es un producto bien concreto que no existía antes, que hoy lo pueden usar como insumo si quisiera cualquier Unidad Ejecutora del Gobierno nacional o departamental, y generó una política por ejemplo de acceso a la tierra que en el último ejercicio de los 15 años del Frente Amplio incorporó 230 mil hectáreas al patrimonio del Instituto Nacional de Colonización. Lo cual significa un ingreso importante de gente como colono, siendo hoy prácticamente el único refugio que le viene quedando a la producción familiar para sostenerse como productores en el campo porque hay una competencia feroz por la tierra, una competencia donde evidentemente están ganando los capitales más grandes y los rubros de mayor dinamismo que ya sabemos cuáles son, y en los que tiene muy poca presencia la producción familiar.

 


Se propone la creación de un instituto de derecho privado, como el de la granja. ¿No hay ya un instituto de la granja a nivel del Ministerio?
 

Sí hay. Lo que había es la Digegra, Dirección General de la Granja, que tenía un montón de cometidos.

 

Esto forma parte también de esta nueva embestida neoliberal, que es sacarle algunas potestades a los gobiernos centrales y a las unidades ejecutoras del Poder Ejecutivo y pasarlas a ese tipo de entidades que son públicas pero que juegan en el derecho privado, que escapan a algunos tipos de controles que tienen los institutos públicos y que van dejando a las unidades centrales con menos capacidad de trabajo, menos capacidad de acción y debilitándolas.

 

La otra cosa que tiene relativamente cuestionable este instituto, es que incluyen dentro de la granja a la producción de cítrico, que nosotros por los datos que manejamos la citricultura en Uruguay no es un rubro como puede ser en otros países que sea de producción familiar. La citricultura es un rubro de productores capitalistas, capitalizados, que trabaja básicamente con mano de obra contratada, y todo el mundo sabe lo que ha pasado por ejemplo acá en el litoral norte con algunas empresas como Citrícola Salteña.

 

No hay producción familiar en la citricultura, y no vemos la necesidad de incluir al sector citrícola a generar políticas para un sector que básicamente produce como la granja uruguaya, producción para el abastecimiento de mercado interno sobre la base de ahí sí en un conjunto muy especifico y muy grande de producción familiar que tiene lugares de enclave bien concretos también en Uruguay como es básicamente Canelones y Salto.

 

 

Esos contratos con financiamiento externo, ¿de dónde proviene ese dinero?

 

Ahí hay varios proyectos, pero básicamente son Banco Mundial  y Banco Interamericano de Desarrollo. En definitiva es endeudamiento externo; son proyectos que Uruguay consigue financiar a través de esas fuentes que van a engrosar lo que es la deuda externa o la deuda del país.

 

La existencia de proyectos con financiamiento externo se da desde que se reactivó la posibilidad de que Uruguay tomara ese tipo de créditos, cuando dejó de recibir algún tipo de ayuda que no generaban tanta deuda externa.

 

Por ejemplo hubo una época (desde los 90 hasta la primera década del 2000) donde uno de los fondos como el Interamericano de Desarrollo Agrícola (FIDA) era el que financiaba estos proyectos, pero los financiaba con otro tipo de devolución soberana.

 

Después cuando el gobierno tiene que tratar de generar financiamiento para volcar al sector agropecuario específicamente, porque hay que acordarse que a la salida de la dictadura y todo lo que fueron los 90, la política neoliberal lo que hizo fue romper todo lo que era el sistema de extensión y asistencia técnica para el sector rural, y específicamente para la producción familiar, ahí prácticamente desaparecieron muchas de las instituciones. El Plan Agropecuario prácticamente dejó de existir, la Dirección General de la Granja dejó de existir, algunos institutos como el de colonización estaba sobreviviendo -no la mataban porque tenía colonos- y porque nunca le pidió plata al Poder Ejecutivo para pagar los salarios de sus funcionarios, pero nunca le dieron vida tampoco.

 

O sea había un desmantelamiento del Estado que en el sector se sentía de la misma manera que se sentía en la educación, en la salud, y en otra cantidad de lugares donde el Estado se había retirado en forma compulsiva. Más allá de lo que fue el accionar de la dictadura en el castigo y persiguiendo el pensamiento de izquierda, hubo un trabajo también económico que se hizo y que fue necesario imponer a través del terror. La imposición de esta línea económica significó que a la salida de la dictadura el pueblo uruguayo haya perdido su capacidad salarial que ha sido imposible hasta ahora recuperar, que perdiera un montón de beneficios que se brindaban a través del famoso estado benefactor, y todo eso hubo que empezar a zurcir de alguna forma.

 

Yo creo que falta mucho, de hecho a nivel salarial estamos lejos de los niveles que tuvimos previo a la dictadura y nunca más fue posible recuperarlo, y hay una masa salarial enorme que no se está volcando a los trabajadores pero que suponemos que a algún lugar va, porque el producto bruto sigue creciendo. Entonces hoy se siguen imponiendo -ya por lo menos con menos terror explícito que antes- una nueva etapa de ajuste y de desmantelamiento.

 

Este decreto a nosotros como ciudadanos, como padres, como habitantes de este Uruguay debería preocuparnos, porque ya estamos viviendo a nivel del territorio las dificultades que se genera que se te rompa la impresora y no tengas cómo reponerla, o que tengas que hacer el service del vehículo y no tengas recursos para hacerlo, y que por lo tanto hay que parar el vehículo. Y así igual mañana va a venir el gurí a decirle que se cayó el pizarrón y la maestra no tiene para comprar uno nuevo.

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