Cambios a la LUC acordados en el Parlamento no la convierten en beneficiosa para el pueblo

06/06/2020

 

Así lo señaló Damián Ortiz, quien aclaró además que muchos de los artículos que se retiraron del proyecto original del Poder Ejecutivo serán igual viabilizados a través de proyectos de ley independientes, donde la coalición multicolor ostenta las mayorías parlamentarias. El dirigente del 26 de Marzo – UP dijo que más allá de las modificaciones, “la ley de urgente consideración mantiene sus ejes centrales, los que apuntan a una definición política e ideológica del gobierno actual” y en ese sentido criticó que el Frente Amplio haya acompañado la mitad del articulado, desacompasado de la oposición extraparlamentaria y de la lucha de las organizaciones sociales del campo popular.
 

 

Desde esta semana el Senado votaba en el Pleno de la Cámara los 476 artículos que se acordaron en intenso trabajo de la Comisión Especial.


Finalmente, como lo repitiera públicamente el presidente Luis Lacalle Pou, en esencia la LUC es el marco jurídico con el que la coalición de gobierno allanará el camino para imponer sus planes políticos para nuestro país en los próximos 5 años.

 

En un contexto de endeudamiento, caída de la recaudación, recesión económica y de compromisos inobjetables con el capital trasnacional y el sistema financiero por parte de las autoridades, el horizonte de la derecha con impulso renovado es claramente de ajuste y recortes, más privatizaciones, mayor precarización del empleo, desmantelamiento de los servicios y las empresas públicas, y menos salario y derechos conquistados por los trabajadores.

 

En ese sentido, Damián Ortiz consideró que es preciso que la militancia de izquierda y la población en general analice “cuáles han sido las posiciones de los diferentes actores políticos”, dado que al acordarse el nuevo articulado en Comisión “varios dirigentes del Frente Amplio expresaban con alegría que la habían mejorado, logrado modificar casi en un 90% la Ley de Urgente Consideración en los temas que ellos consideraban graves”.

 

 

“¿Qué tan mala era la Ley desde el punto de vista del FA si se quedan conformes con lo modificado, y cuáles son las diferencias de fondo entra la LUC y el planteo que el FA está llevando adelante a través de sus máximos dirigentes?” increpó el trabajador postal, que se encargó de subrayar la diferencia con el caso de los militantes y votantes de esa coalición progresista, quienes no solo están abanderados con el rechazo a la LUC sino que incluso quedan descolocados cuando los parlamentarios votan la mitad de los artículos de una ley que antes pretendían derogarla y denunciaban que no tendrían posibilidad de discutirla ni lograr acuerdos.

 

A pesar que esta ley será promulgada en menos de dos meses, el dirigente del 26 de Marzo insistió en la necesidad de seguir estudiando este casi medio millar de artículos y seguir discutiéndolos con la gente, con elementos fundados, “porque para nosotros es importante impulsar el debate de ideas”.

 

Ortiz estableció que “esta ley que va a acotar los lugares de discusión, con respecto a la Educación es una gran potenciadora de las privatizaciones, de las PPP (que son proyectos privatizadores), y que no son a partir de este gobierno sino que vienen del anterior”. En ese sentido recordó la experiencia de lucha contra las PPP en el Hospital de Clínicas y su resultado, “una demostración clara de que cuando se tiene un proyecto que realmente va a favor de los intereses populares, ahí las instituciones públicas como Udelar y el MTOP, y principalmente sus organizaciones de trabajadores, están llevando la obra adelante con recursos del Estado y ahorrando muchos millones de dólares”.

 

También denunció el carácter de la Reforma de la Salud del Frente Amplio, que echó por tierra la posibilidad de un sistema único estatal y público de salud, y que no hay un solo artículo de la LUC que lo modifique, pues no ofrece obstáculo alguno para los planes de esta embestida de la derecha.

 

Asimismo advirtió lo preocupante del paquete de artículos dedicados a la seguridad pública, donde se profundiza una política de represión que en muchos planos ya se venía transitando. El trabajador de El Correo recordó que la LUC incluye el Dereto Antipiquetes del último gobierno del Dr. Tabaré Vázquez y el Decreto 401 del primer mandato, “un invento para estigmatizar a los trabajadores públicos, que inició un proceso de desprestigio que se hizo sobre varios sectores del Estado”. 

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